En 2007, los chistes de Fontanarrosa se pensaban en Rosario, se dibujaban en Córdoba y se imprimían en Buenos Aires, para todo el país.
Ojalá que el humor de este grande que ya no está sirva para hacer este país un poco más integrado y mucho más federal.

La ahora ex ministra de Economía, Felisa Miceli, llegó a su cargo en diciembre de 2005 como sucesora de Roberto Lavagna, una figura que había ganado peso propio en el gabinete del personalista Néstor Kirchner. Miceli prometía ser la ejecutora obediente de las decisiones económicas que tomara el Presidente. Y eso fue.
No sobresalió en lo personal por ninguna medida creativa o por algún plan que intentara pensar la problemática económica más allá del cortísimo plazo. Tampoco le dio a las provincias las respuestas de fondo que demandan, como por ejemplo, una reestructuración completa de la deuda que los distritos tienen con la Nación o la quita de una vez por todas del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el índice que actualiza por inflación el grueso de la deuda que tienen los gobernadores. Continuó haciendo lo que hicieron sus antecesores: firmó 11 convenios de asistencia financiera a las provincias por casi 5.000 millones de pesos, de los cuales 300 millones fueron suscriptos por Córdoba.
Tampoco encaró una auditoría integral del déficit previsional de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, de modo de determinar al detalle de cuánto se tiene que hacer cargo la Nación en lugar de mandar fondos a cuenta, tal como espera hacer con los 600 millones de pesos en 2007. Una auditoría que está prometida desde el año 2000, y que tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia adquiere todavía más relevancia porque calcularía la vigencia plena del 82 por ciento en los haberes de los jubilados, sin el polémico decreto 1.777 que el miércoles pasado fue declarado inconstitucional.
Al contrario de lo que marca la tradición argentina en materia de ministros de Economía, con figuras resonantes como Domingo Cavallo o Roberto Lavagna, Miceli asumió para no serlo: le dejó así el lugar limpio a Kirchner, quien es el que verdaderamente maneja los hilos de la política económica.
Su salida entonces termina siendo mucho más resonante que sus pálidos 20 meses de gestión.
Miceli no se fue porque la Justicia haya comprobado que efectivamente se alteró la medición del índice de precios que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ni porque el impacto de la crisis energética en la industria haga prever una nueva escalada de precios y desabastecimiento de mercadería o porque todavía el 41 por ciento de los argentinos trabaje en la informalidad.
Se fue porque no pudo dar explicaciones satisfactorias sobre el origen y el destino de una bolsa de dinero que le encontraron en el baño de su despacho. Improlijo, vergonzoso si se quiere. Propio de quien se cree dueño de una impunidad que nadie puede romper.

Nadie quiere nombrar la palabra. Como si al decir “señores, hay que ahorrar” se convocase una serie de conjuros malignos o el que la pronunciara fuera a ser sometido al escarnio público o a las pedradas propias de la Edad Media.
Nadie en esta Argentina cercada por el frío ha dicho que hay que ahorrar energía. Al menos seriamente, ningún funcionario nacional, provincial o municipal había dicho, hasta ahora, que los argentinos tenemos que ahorrar.
Hay que ahorrar por la sencilla razón de que lo que producimos, más lo que importamos, no alcanza. El presidente Néstor Kirchner creyó que los inviernos no serían fríos durante su gestión y se demoraron las inversiones necesarias para ampliar la oferta de gas y de luz. Con suerte, estarían en 2009, 2010 ó 2011.
Pero no tiene caso hablar de lo que no se hizo antes. El problema es la coyuntura y hay que arreglárselas con lo que hay. Lo que pretende la Nación es preservar de los cortes de gas y de luz a los hogares. Y está muy bien, si no fuese porque 75 por ciento de los hogares pobres, por caso, ni saben lo que es el gas. O porque esta tarifa barata empuja a que el grueso de los hogares (no pobres) no sea consciente de que calefactor o estufa que enciende hoy significa que es una empresa que deja de producir.
Los industriales querían que la Secretaría de Energía les suspendiera el expendio de GNC a los particulares, para utilizar ese cupo liberado y encender sus máquinas.
Pero la ola polar complicó los planes y el cupo que dejaron de usar los autos a gas lo usan ahora los hogares.
En mayo, la industria de Córdoba sufrió cuatro días de “gas cero”, ocho en junio y tres en lo que va de julio. El resto de los días tuvo alrededor de 50 por ciento del gas normal. Desde fines de mayo, no pueden usar toda la potencia eléctrica de 18 a 23, que después fue de 16 a 24. Hoy es el cuarto día del año en que las estaciones de GNC están cerradas.
Los recursos escasos ponen a la dirigencia política en un dilema. Como decía ayer el ensayista y filósofo Tomás Abraham: “Los dilemas no tienen solución, requieren de decisiones; y toda decisión tiene un costo”.
A mes y medio de iniciado el frío, la Provincia reacciona y reflota ahora el plan de ahorro energético de 2004, que pide cinco por ciento de recorte a los hogares. No resuelve el problema de fondo, pero es al menos un gesto.
Quizá no sea tan costoso repartir así las cargas de la crisis. Pero hay que animarse a decir las cosas por su nombre.