En 2008, las tragamonedas reportaron al Estado 85 millones de pesos. El problema no es sólo cómo se distribuye esa plata, sino el escaso y concentrado control que tiene el juego oficial en Córdoba.

Durante los cuatro meses que duró el conflicto del campo, el gobernador Juan Schiaretti no se cansó de repetir que era urgente el diálogo. Instó personalmente a cada una de las partes a conversar. Se declaró partidario de la búsqueda de consenso, de la conciliación permanente. Sin embargo, de sorpresa y sin ninguna consulta previa, el Poder Ejecutivo envió la semana pasada a la Unicameral, una semana antes de que termine el período de sesiones, un proyecto de ley para autorizar la instalación de 2.400 tragamonedas. No amedrentó a Schiaretti la situación de Mauricio Macri en Capital Federal, cuestionado severamente por los votos truchos en la Legislatura y por la intención de convalidar un acuerdo con Néstor Kirchner para duplicar las máquinas en el hipódromo de Palermo. Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, pretendía abrir ocho salas de bingos (tiene 46) y ampliar también el parque de 15 mil tragamonedas habilitadas. Pero dio marcha atrás y le prometió a la Iglesia atender su posición. A horas de que se tratara el proyecto en la Legislatura, Schiaretti insistía ayer en la potenciación del turismo que ofrecerá Córdoba con más máquinas. Eso puede ser entendible en La Cumbre o Mina Clavero, pero cuesta aplicar el mismo criterio a Morteros. Se escudó bajo el argumento de que 15 intendentes las habían pedido. Varios de esos intendentes no habían dicho nada. El de Villa Carlos Paz, Carlos Felpeto, en la primera consulta periodística dijo que no había cursado ninguna solicitud, pero 12 horas después recuperó la memoria y aclaró que en realidad sí tenía ganas de tener más máquinas en la villa. Hoy, las slots están en Río Ceballos (dos salas), Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Morteros, General Roca, Cruz Alta, Laboulaye, Corral de Bustos, Miramar, Embalse, La Falda, Alta Gracia, Carlos Paz, Mina Clavero, Deán Funes y Cosquín. Según el gobernador, todos quieren más slots, con excepción de Villa María, Río Cuarto y San Francisco. Lo curioso es que el argumento se ha ido “corriendo”. El propio Aldo Roggio, en una entrevista con este diario, dijo que la instalación de las tragamonedas era lo único que permitiría recuperar la inversión de hoteles cinco estrellas. Para instalar las 2.400 máquinas, no habrá que hacer inversión hotelera. Sólo basta para justificarlas que el intendente quiera plata. Incluso, merodeaba anoche la versión de que Cristóbal López podía estrenar el rol de socio en esta ampliación, algo que fue negado por fuentes del grupo cordobés. Anoche, con los votos justos, Schiaretti logró el ok para aumentar 80 por ciento el parque de slots. Una vez más, la Unicameral le respondió sin tropiezos, inmune a ese poco de aire fresco que corrió en el Congreso Nacional luego de que la resolución 125 le quitara el rótulo de escribanía. A ocho años de la existencia de tragamonedas, el oficialismo aceptó ahora incluir un programa para rehabilitar a los jugadores compulsivos. En busca de datos. En los siete días que pasaron entre que se conoció el proyecto y se aprobó, no hubo un solo funcionario que le pusiera números al supuesto beneficio que recibirá el Estado cuando marchen a todo vapor las máquinas tragamonedas. Uno podría intentar buscar la información que se supone que es pública. Pero ni en el sitio del Gobierno provincial (www.cba.gov.ar) ni en el de Lotería (www.loteriadecordoba.com.ar) hay cifras explícitas y directas sobre lo que recauda el juego en la Provincia y cuánto de eso llega efectivamente a comedores infantiles, por caso. En la ejecución presupuestaria a setiembre pasado se encuentra, dentro de “transferencias corrientes”, 135 millones de Lotería. En el presupuesto 2008, la entidad proyectó un gasto de 164,5 millones de pesos. No hay datos de esa ejecución ni de la previsión para 2009, al menos en Internet. Si el juego se va a convertir en un asunto de política de Estado, la transparencia y el acceso ciudadano a la información de Lotería sobre lo que se juega, lo que se recauda y lo que se gasta en asistencia social debería sobreabundar. Números oficiales. Ante el pedido de La Voz del Interior, el presidente de Lotería, Raúl Gigena, brindó algunos datos sobre lo que recaudan las tragamonedas en la provincia: 307 millones de pesos en el último año. La Compañía de Entretenimiento y Turismo (CET), sociedad que conforman Roggio y Carusso, pagó en concepto de canon de explotación 82,9 millones de pesos a la Provincia, que de ese monto giró a su vez 9,2 millones a los 18 municipios que tienen las maquinitas. La cifra es 45 por ciento superior a la de 2007. Las tragamonedas representan el 25 por ciento del negocio del juego en Córdoba. Pero es el más fácil y rápido de exprimir, sobre todo cuando se avecina una crisis y el desesperado apuesta hasta lo que no tiene. El concesionario tiene el negocio calzado y qué mejor que aumentar la escala. El intendente ya pagó el costo social de tener las máquinas; qué mejor entonces que duplicar los dividendos. Schiaretti intuye que 2009 será más complicado de lo pronosticado en materia de recursos, algo de temer en un año electoral. Por eso el impuesto al juego: cinco por ciento cada vez que las tragamonedas pagan premios, sea en fichas (la misma máquina lo retiene) o en plata, cuando se retira el jugador. Ricardo Sosa, secretario General de la Gobernación, especuló con una suba de 144 por ciento en lo que proviene de las tragamonedas (habló de pasar de 4,5 a 11 millones de pesos mensuales), pero lo que no dijo es que el cálculo es sobre las tres mil actuales. Si bien las 2.400 no se instalarán todas este verano, en la propia Lotería admiten que el proceso durará apenas un año y medio. Si a eso se suma que el Gobierno le pedirá a CET un mejor canon del actual 27 por ciento, no es descabellado pensar que, por obra del impuesto y de la casi duplicación de unidades, en unos meses sólo las tragamonedas le reportarán en limpio unos 200 millones de pesos al fisco. La cifra alcanza para el Programa de Asistencia Integral (Paicor) de un año o equivale al déficit que finalmente tendrá en 2008 la Caja de Jubilaciones, pese al tardío pero generoso auxilio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). ¿Vale la pena el costo por 200 millones de pesos, en el mejor de los casos? La Iglesia y algunos intendentes que no las quieren (o no quieren más) coinciden en que se destruyen familias. Si hay bicis en la vereda del casino, no es un turista el que está jugando. Esta vez, Schiaretti se diferenció, por lo rápido, de sus colegas Macri y Scioli. Sin diálogo, y en apenas una semana, logró permiso para poner 2.400 máquinas más. Y lo hizo sin dar demasiadas explicaciones. No sólo el cómo se distribuye lo que se juega es motivo de sospechas. La cuestión clave es el control: en un negocio de fuertes intereses, la diferencia entre lo que se juega y lo que se paga en premios debe ser transparente y regulada por varios actores, no sólo la Lotería. Es que si no hay controles suficientes, el lavado de dinero o la financiación de la política están a un paso. © La Voz del Interior