A propósito del discurso de apertura del período ordinario de sesiones de la Legislatura Provincial.


Tibio, cauto, moderado, optimista. Quizá demasiado de todos esos calificativos. Al Gobierno nacional le agradeció el apoyo y el financiamiento de obras como el cierre de la Circunvalación. Tibio. Admitió que el año que pasó fue duro y que tuvo que tomar medidas que garantizaran la solvencia del Estado provincial y "revirtieran" la dependencia financiera con la Nación. Tibio. La opresión del poder central en 2008 fue tan extrema que lo obligaron a recortar haberes y subir impuestos. Pero el gobernador no pasó facturas. ¿Una explicación posible? La dependencia financiera sigue tan dura como entonces: este año la Nación tiene que enviar 690 millones para la Caja, reconocer en algo la deuda de 1.200 millones para poder levantar la emergencia y, además, refinanciar al menos otros 600 millones de pesos de la deuda provincial.

Schiaretti también reiteró que seguirá, con todas las letras, defendiendo al campo. Tibio, porque no habló ni una vez de la necesidad de que Cristina Fernández de Kirchner alivie o al menos suspenda temporariamente las retenciones a la soja. Luego del quiebre del Frente Cívico la semana pasada, da la impresión de que la cuerda a tensar ahora es la del delasotismo. Fue, otra vez, cauteloso, quizá demasiado. Es que Schiaretti enfrenta un dilema moral: se supone que si algo está mal ahora, antes –cuando Schiaretti fue ministro o vicegobernador– también estaba mal. Es el caso del ex Ipam o de las tragamonedas. Esta gestión desarmó el esquema gerenciado de De la Sota y ayer Schiaretti celebró que la plata ahora puede ir directamente a los afiliados. ¿Y antes?

Dijo que la sobreganancia por el juego que antes se llevaba CET –una sociedad de Roggio y Carusso– ahora se convirtió en un impuesto que permitirá que el Paicor sirva un desayuno (¿cuántos, por cuánta plata?) fortificado con hierro. Pero el impuesto no se cobra sobre las ganancias de CET, sino sobre lo que gana el apostador. O sea: si había sobreganancias, seguirá habiéndolas.

El gobernador admitió que se "vio obligado" a declarar la emergencia previsional para "salvar la Caja" y que de ahora en más no habrá jubilaciones de privilegio, de ésas que permitían que cualquiera (con servicios ad honorem o aportes comprados) se jubilaran en Córdoba. Siempre hubo de estos casos, pero el abuso de esta flexibilidad se dio entre 2001 y 2003, mientras él estaba en el Gobierno. Criticó al delasotismo, sí. Pero fue tibio.

Si la edificación de un nuevo centro cívico –del que hace 40 días que se habla sin precisiones oficiales– es tan vital, la Legislatura debería haber sido el espacio para que el gobernador explicara cómo este proyecto le va a cambiar la cara a la ciudad. En realidad, de lo que se necesitan explicaciones es de cómo va a pagarlo y cuál es la idea oficial sobre las 24 hectáreas de la Casa de Gobierno y el Pablo Pizzurno.

Hubo una escasa referencia a la crisis en el empleo, en una coyuntura en la que líderes mundiales advierten que será aún peor que lo esperado. No mencionó que hay al menos 160 empresas que evalúan suspender personal y reiteró que el Estado subsidia con 400 pesos a las Pyme (aunque ninguno aún se pagó). Quizá en este capítulo, lo que menos se aconsejaba era optimismo.

No hay caso. Parece que es un defecto incorregible ese de prometer mucho más de lo que se es capaz de cumplir. El entonces vicegobernador Juan Schiaretti fue el promotor de mejorar el anuncio que Néstor Kirchner hizo el 11 de agosto de 2005, cuando anunció la construcción de ¡300 mil casas! en todo el país y la generación de 900 mil puestos de trabajo. Las viviendas serían de 50 metros, costarían 55.800 pesos cada una y las primeras estarían listas en los primeros meses de 2006. A Schiaretti se le ocurrió que la Provincia agregase 14 mil pesos por unidad para así poder agrandarlas (de 55 a 80 metros) y adaptarlas a la clase media. Es que el segmento de viviendas sociales venía siendo cubierto con fondos del BID, que financió la construcción de seis barrios ciudades en esta capital. Pero ambos gobiernos priorizaron otras urgencias y ese plan de viviendas no se hizo. En el lapso, la casa mejorada que iba a costar 70 mil pesos subió a 150 mil. En diciembre pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció un megaplán de 117 mil millones de pesos en obra pública, entre las que se cuentan las casas del Plan Federal II. El lunes que pasó volvió a reunir a algunos gobernadores y anunció la construcción de 56 mil viviendas en Córdoba, Chubut y Buenos Aires, en lo que viene a ser una reconversión de aquel Plan Federal II de 2005 del cual no se levantó siquiera una de las 300 mil casas anunciadas. La Nación ahora impuso otras reglas: pondrá hasta 80 mil pesos por casa, pero hay que devolverlos. Es barato –nueve por ciento anual durante 15 años–, pero carísimos con relación a los 55.800 pesos originales, que eran regalados. Schiaretti, que en 2005 estaba dispuesto a mejorar con 20 por ciento cada vivienda, ahora tiene fondos escasos. Para hacer lo prometido a los 16 mil beneficiarios originales, debería prácticamente duplicar lo que la Nación prestará por casa. Serían unos 1.120 millones de pesos: 10 por ciento del presupuesto. Inviable. Ya empezó un proceso selectivo. Se les hará una oferta mejorada a los seis mil de Capital y 658 Río Cuarto (¿cuál es el criterio?) que busque acercarse a lo que se prometió en 2005. Schiaretti quiere primero saber cuánta plata pondrá la Nación –y cuándo– para luego calcular el aporte local. Otra versión indica que no habrá fondos adicionales, pero que localizará estas casas en terrenos individuales, de modo que sea el propio beneficiario el que decida cuándo y cómo amplía esos polémicos 44 metros cuadrados. Pero claro, habrá que ser sinceros en un año electoral y decir que del Plan Hogar Clase Media no quedará siquiera el título. Muchos más. Hay que ser justos. Este defecto de prometer mucho más de lo que el presupuesto y la razón aconsejarían excede el tentador ámbito de la obra pública o el de las viviendas en particular. Sin ir más lejos, del Plan 0 Km todavía no se ha entregado ninguno en Córdoba por la sencilla razón de que las fábricas primero tienen que hacer la versión barata que le prometieron al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, de al menos 15 de los 18 modelos prometidos. Mucho más atrasado aún va el plan para comprar utilitarios 0 km, del que ni siquiera se saben los modelos. El canje de heladeras sirvió para que algunos se entusiasmaran y fueran a averiguar, pero al menos en Córdoba hay que esperar que Patrick, Neba, Gafa y Bricket las fabriquen y las envíen. Cristina de Kirchner también anunció esta semana medidas de compensación para el agro. Los productores afectados por la sequía podrán diferir el pago de Ganancias, de Ganancia Mínima Presunta y de Bienes Personales, tres impuestos que se coparticipan con las provincias. La prórroga "cuesta" cinco mil millones de pesos, pero apenas 24 por ciento será asumido por el Tesoro nacional. El grueso, por las provincias y la Anses. Por caso, Santa Fe y Córdoba resignarían 180 millones de pesos cada una. En Córdoba, Schiaretti creó en noviembre una mesa de Seguimiento de la Crisis y prometió a las Pyme un auxilio de 400 pesos por empleado para que no despidan o suspendan personal. La Nación también hizo una promesa similar. Sin embargo, ninguna empresa todavía recibió un peso, según acusan los gremios y confirman las cámaras sectoriales. Es amplio el listado de las promesas que no resisten un archivo. El intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Giacomino, admitió que llevará tres meses normalizar la recolección de basura en la ciudad. Hoy salen los primeros 83 camiones Crese a la calle. Es tan baja la confianza de la gente en el éxito de esta empresa estatal, que en una de esas al inicio –antes de que los trabajadores adopten las mañas municipales– los ciudadanos alcanzan a ver una promesa cumplida.