La protesta popular que se inició hace dos días es mucho más profunda que la de diciembre de 2001, hace apenas seis años.

Entonces, la clase media salió a las calles cuando el Gobierno nacional metió la mano en su bolsillo y le dijo que no se podía llevar a su casa los ahorros que tenía en el banco. O, si quería, cada dólar que la convertibilidad le había jurado que existía, ahora valía 1,40 peso. O que esperara 10 años si quería los dólares en la mano.

La que comenzó el martes a las 20 tiene una raíz diferente. Minutos después de que la presidenta de la Nación, Cristina de Kirchner, dijera que las protestas de los productores agropecuarios son “los piquetes de la abundancia” y les endilgara apropiarse de las vacas y dejar las penitas para los otros, la clase media volvió a salir a la calle.

Pero el grueso de los argentinos que empuña ahora la tapa de una olla no es productor agropecuario. No tiene un tambo con leche subsidiada, un matadero con el precio de kilo vivo regulado ni 200 hectáreas de soja a más de 500 dólares la tonelada.

Algunos sí pueden vivir de la bonanza del campo: son comerciantes, profesionales o venden autos y departamentos. Pero mucha gente que vive en grandes centros urbanos y que no tiene nada que ver con el campo se solidarizó con el reclamo rural.

Es que esa solidaridad esconde una gran protesta. La de los precios que suben pese a que el Gobierno se empeña en decir que no. La de la soberbia de quien gobierna y reniega del diálogo. La de la plata que no alcanza.

La de los índices mentirosos, la del empleo que se consiguió pero que ya no es suficiente. La de un tren bala interesante, sí, pero si primero se hacen los caminos. La de la sumisión de los gobernantes (e intendentes) al altar de la billetera. La del discurso que cansa, ése que repite que gracias al matrimonio Kirchner –y sólo a ellos y su política económica– el país resucitó.

Después de la crisis institucional de 2002, la ciudadanía esperaba que se fuera reparando el entramado institucional que se despedazó con la crisis. Si bien entonces se pudieron tomar decisiones sin demasiado consenso, sin la gimnasia del diálogo que exige la democracia, ese tiempo se acabó.

Los tractores que marcharon ayer por el centro de la ciudad de Córdoba y las cacerolas que salen a las plazas de los pueblos de la provincia revelan eso. La construcción tiene que ser para adelante, inclusiva, abierta y humilde.

De un gobernante uno espera que eche luz sobre situaciones conflictivas. Que cuando el trabajador, el desocupado, el comerciante, el estudiante, el jubilado, no sepa dónde está parado, el gobernante sepa marcar el rumbo.
Cuando provoca, cuando comete imprudencias, cuando actúa por impulso, cuando apela a la lógica de pagar con la misma moneda es cuando se empiezan a socavar las bases de la credibilidad en ese gobernante.
Es asombroso que, con 300 cortes de rutas en todo el país, con familias enteras en las banquinas, con camiones cargados (cansados y también enojados), la Presidenta salga a decir que son “los piquetes de la abundancia”. Es escupirle en la cara a los productores. Y es animar más a los ciudadanos a apoyar a esos piqueteros. Esta noche se están armando en la provincia de Córdoba varios “cacerolazos” de gente común que salen a apoyar a la gente de sus campos.
Porque ya no se discute si una retención del 44% es mucho o poco o si el chacarero se compró ahora dos departamentos y una 4x4. La Presidenta desconoció el reclamo del interior. Se burló de la dimensión del conflicto y no tuvo siquiera un gesto para arrimar luz a esta encerrona. Y a la mitad del país que no vive en Buenos Aires, eso no le gusta.

Un oyente dice que está bien que le pongan más retenciones al campo porque tiene un pariente que ha ganado mucha plata. Otro oyente dice que está mal, porque un pariente suyo trabaja de sol a sol, corre con todos los riesgos y vivió tiempos en los que le fue mal.
Una retención del 45% a la soja ha logrado dividir el país en dos: los de las ciudades contra los pueblos, Capital federal contra el interior, el campo contra la industria... Y así.
Hay que cambiar de perspectiva. ¿Por qué el Gobierno se queda con más plata de las exportaciones de soja? Un argumento es que ahora la soja vale 560 dólares cuando un año atrás costaba la mitad y es justo "repartir" en la sociedad algo que de lo contrario favorecería a unos pocos.
Pero el nuevo impuesto le aportará a Cristina 2.000 millones de dólares, que irán a reforzar un rebosante superávit fiscal. ¿Para qué el Gobierno quiere tanta plata?
Para sostener la maraña de subsidios y postergar, otro año más, un sinceramiento de precios. Para que los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aores tengan colectivos baratos y las industrias del interior se queden sin gas.
Dejemos para después la discusión de si el campo emplea poca gente, paga mal o gana demasiado. Miremos en qué se gastan esos recursos.