Hace 77 días que las partes intentan, en vano, un diálogo que no tendrá suerte. El campo quiere “ganar o ganar” y su mejor esfuerzo es no parar. El Gobierno no quiere ceder nada.


Kirchner cree que el campo se resume en un puñado de terratenientes que se reúne en salones coquetos para conspirar contra la Presidenta.
Las 200 mil personas que el domingo se movilizaron en el Monumento a la Bandera en Rosario vendrían a ser, entonces, conspiradores contra el Gobierno. Golpistas que hay que despreciar. Eso explica la decisión unilateral de ayer de no convocar al diálogo, cuando los propios dirigentes presumían, el domingo a la noche, que la foto de Rosario iba a ser tan contundente, tan capaz de hablar por sí sola que bastaría para que el Gobierno volviera sobre sus pasos y admitiera que esta batalla, después de 77 días de conflicto, estaba perdida.
Nada más lejos que eso. Este Gobierno no admite el disenso. No admite que un sector, después de cinco años de gestión monocorde, haya pateado el tablero y sea capaz de convocar al acto más numeroso desde la reinstauración de la democracia sin pagarles pasaje ni comida.
No admite que el sector que se queja sea uno de los que más rápido y mejor se recuperó tras la crisis de 2001.
No admite que haya sido capaz de despertar adhesiones urbanas y hasta modestos cacerolazos, que escondían más enojo por la suba de precios (pese a la manipulación estadística del Indec) que un rechazo genuino al esquema de retenciones móviles.
El matrimonio presidencial no admite que unos 300 mil productores tan atomizados como tozudos sean quienes cuestionaron su forma de construcción de poder: gobernar sin consenso, gerenciar sin diálogo.
Lo que empezó como una lucha por la apropiación de la riqueza que desborda el mercado externo hoy se convirtió en una puja lisa y llana por el poder.
Hacia dónde vamos
La foto de Rosario sirvió para convencer al Gobierno de que si 77 días no bastaron para doblegar al campo, no tendrá ya más sentido apostar al desgaste. Es más, es probable que la bronca vaya en aumento. “La lucha es larga”, advirtió anoche el piquetero Alfredo De Ángeli en un intento de contener a las bases para no volver de inmediato a los piquetes. “Hay que saber leer los desplantes del Gobierno”, pidió.
El “ganar o ganar” del domingo en Rosario no le deja espacio a la negociación, entienden en el Gobierno. Aquel ultimátum de que ayer debía haber cambios sí o sí en las retenciones, llevó al Gobierno a acelerar su estrategia: un cambio sobre “los mercados de futuro” vendrían a corregir lo que está mal y a otro asunto, sin más teatralización de un diálogo que no existe.
Todas las veces que se encontraron con el agro, Alberto Fernández salió a negar lo que presuntamente allí se habló y las negociaciones volvieron a punto muerto. ¿Qué sentido tiene seguir con esa puesta en escena?
Pero una cosa es ese juego de idas y vueltas y otra es una medida unilateral de parte del Gobierno, que socava toda posibilidad cercana de acercar posiciones y de conciliar, algo que piden en forma unánime la dirigencia política, empresaria, institucional y social.
Los cambios que presuntamente se anunciarían hoy dejarán al descubierto que no hay interés en resolver el conflicto, lo que implica una lectura más peligrosa: el Gobierno no alcanza a ver la envergadura de la crisis.
A esa encerrona en la que quedó la Presidenta, el campo evaluaba potenciarla más: pediría una audiencia directamente con la mandataria. “Queremos que la pelota quede en campo de ellos”, dijo anoche uno de los dirigentes que participa de la mesa de enlace.
El campo cree que el mejor esfuerzo para negociar es no parar. Para el Gobierno, no es suficiente. Y cada vez que se sientan a discutirlo, la charla termina a los portazos.

El Gobierno tiene ahora dos problemas. Uno, con el campo, por la suba de las retenciones móviles, que hoy pisa el día 66 sin arribar a una solución y con la decisión de las entidades agropecuarias de prorrogar la medida de fuerza. Otro, que se generó por las retenciones, pero que ahora cobró una gravísima entidad propia: las expectativas negativas. Cuando el humor social entiende que no hay “esperanza o posibilidad de conseguir una cosa” –tal cual el significado de “expectativa”–, no hay poder de Dios que pueda convencer a la gente de que las cosas no están tan mal como parecen.

Entonces, la inflación acelerada que vivimos desde hace meses aparece ahora como difícil de contener. También la fuga de depósitos pinta fatal para el ciudadano común, aunque, como decía ayer un banquero de primera línea, para estos días del año pasado la curva de depósitos caía igual que ahora, porque es época de pagar el Impuesto a las Ganancias.

La lectura de los ciudadanos es simple: el Gobierno, que no puede encontrarle una salida al conflicto del campo, tampoco podrá encontrarle el freno a la suba de precios, entre tantos problemas más que puedan aparecer de ahora en más en la economía.

El dato más palpable de que el humor social anda mal se vive en las casas de cambio. Esta semana hubo quienes pagaron hasta 3,30 pesos por un dólar que lo más probable baje los centavos que subió en los próximos días si el Central sigue dispuesto a vender, aun a costa de sacrificar reservas.

En este contexto, no ha servido el cambio de ministro de Economía (¿qué ha hecho Carlos Fernández desde que asumió?) ni la nueva convocatoria al diálogo por parte de la presidenta Cristina Fernández el miércoles a la noche, cuando intentó borrar la sensación de “doble comando” en el manejo del país.

Las declamaciones no sirven. Si la Presidenta pide diálogo, tiene que haber baja de retenciones o modificación de alícuotas. Si el campo pide diálogo, no pueden seguir los piquetes en las rutas frenando el paso de los camiones. La intransigencia es un pecado que ahora también cometen las entidades rurales.

Tal como lo había hecho Juan Schiaretti el lunes y ayer repitió su par santafesino, Hermes Binner, las provincias agroganaderas tienen que participar de la discusión con la Nación sobre políticas sectoriales. Pero los gobernadores tienen que decir algo más que pedir la revisión de las retenciones: hay que insistir en que los recursos así recaudados se distribuyan de manera diferente. Eso ayudará a mejorar las expectativas.

La crisis del campo, dure lo que dure, ha puesto en jaque el modelo de acopio de recursos que instrumenta el matrimonio K desde 2003. Los fondos que se generan en el interior deben llegar con más abundancia al interior... y sin tantas súplicas de por medio.

El problema después será resolver la crisis de expectativas, esa sensación generalizada de que el país se estrella en la próxima curva. La solución del conflicto del campo no garantiza una mejora del humor social. Pero es claro que éste no cambiará mientras siga esta absurda pulseada que daña con gravedad a la economía.

Muchos productores cancelaron la compra de maquinarias, sacaron los dólares del banco y los guardaron en una caja de seguridad. ¿Cuánto costará convencerlos de que los saquen de ahí?

El nene tiene hambre y le dice a la mamá:
-Quiero comer carne.
-No hijo, está muy cara, le contesta ella.
El nene mira de reojo la ventana donde está la jaula.
-¿Y si comemos el loro al horno?
-No hay gas.
-Bueno, hacélo frito.
-No hay aceite.
En eso el loro grita: “Gracias Kirchner, gracias Kirchner!”

El conflicto que desató el campo ya no es por la suba de las retenciones, sino por otro modelo de país. Pero la Nación sigue sin acusar recibo del costo del conflicto.



Algunos sienten que el gobierno de Cristina de Kirchner cavó un pozo, saltó adentro y se tiró tierra encima. Y que ahora le da vergüenza mostrarse embarrado, pero que aún no advierte que el costo de quedarse bajo tierra es altísimo.

Hay que hacer la prueba y viajar. La nafta sigue barata -pese a un petróleo a 124 dólares el barril- y las rotas y abarrotadas rutas del interior están casi vacías. No hay camiones que lleven granos al puerto, enhebrando esa postal que habla de un país productivo, en movimiento, creciendo.

Hay problemas en las fábricas y, si todavía no aparecieron en masa las suspensiones, es porque los gerentes, impávidos, esperan que aparezca una solución que, a simple vista, parece simplísima.

Un mejor ejercicio sería sobrevolar la pampa sojera. La silueta de los silo-bolsas se multiplica en los campos cordobeses, signo de que el grueso de la cosecha permanece campo adentro y de que el productor entró en la lógica "yo no cobro, pero vos, Estado, tampoco". Quienes conocen de la marcha interna de la recaudación nacional confiesan que el impacto del boicot a los granos exportables ya se siente.

Las cadenas de pago del interior están todas cortadas. La plata que hoy tienen los gringos, que antes iba a departamentos, a máquinas nuevas, a autos y a todo lo que se vende en el pueblo, hoy está ahí, quieta: mitad en el silo y mitad en dólares frescos que no van a invertir.

El país está parado. No se ve en el Gobierno nacional capacidad de reacción ni voluntad para revertir la situación. No estamos discutiendo el derrumbe del sistema financiero local por culpa de la crisis hipotecaria de los Estados Unidos o el cierre de los mercados externos por alguna maniobra unilateral de China. Es un problema que se engendró en la Argentina: una decisión del Gobierno nacional que se corrige con otra decisión del Gobierno nacional, aunque quizá ya no alcance para revertir los daños.

En cinco meses, se pulverizó la imagen de la Presidenta. Hay extremistas que reeditan el improbable y riesgoso "que se vayan". Pero si se mezcla esto con cacerolazos espontáneos y encuestas de imagen que el Gobierno no quiere difundir, el cóctel de desconfianza es cada vez más amargo. Con un dato que causa escozor: colas de ciudadanos comprando dólares, bancos que tientan a sus clientes con más tasa para que renueven sus plazos fijos y plena incertidumbre sobre la inflación que se avecina. Una postal que nadie quiere volver a ver.

En medio de la maroma, aparece la posibilidad de que Juan Schiaretti conforme una especie de liga de gobernadores que haga frente al poder central. Sería el mediador ante el Gobierno nacional, pese a que ya está escrito el final: hablará solo.

Pero lo que emerge con la protesta del campo es la discusión de otro modelo de país. Ya no importa una retención de 35 o de 39 por ciento, como admitió ayer el propio Eduardo Buzzi, de Federación Agraria. Está en juego el federalismo real, cuánto queda en Buenos Aires de lo que se genera en el interior.

Es cada vez menos digerible que haya productores que hacen que los Kirchner tengan una caja que desborda y que el pueblo no tenga cloacas ni hospitales ni una buena escuela. Pero el tiempo pasa. Y día tras día, todos tenemos más tierra encima.

No hay ama de casa, empresario, estudiante, trabajador o funcionario que no vea azorado la evolución de los hechos. Un país cuyo problema central a resolver, hasta marzo, era el cuello de botella del crecimiento, con un fuerte recalentamiento de precios, calcula ahora cuántos puestos de trabajo están en riesgo en los sectores de maquinarias agrícolas, frigoríficos y construcción; cuánto subirá el dólar hasta fin de año; cuánto están cayendo los depósitos; de cuánto será el cimbronazo que acusará la recaudación nacional; si la inflación real trepará a 25, 30 ó 50 por ciento anual y cuál es el margen de gobernabilidad que le queda a una presidenta que hasta ahora no ha podido, no ha querido o no la han dejado resolver el conflicto.

La locomotora del crecimiento está descarrilada y es muy difícil, a esta altura, reparar los hechos. El problema empezó siendo político y ahora es, a todas luces, también económico.

Ya no se discute una alícuota de 35, 40 ó 44 por ciento para las exportaciones de soja: la batalla es para ver quién aguanta más, quién pierde primero o quién cae antes de rodillas, como dicen que en privado le gusta decir al ex presidente Néstor Kirchner.

No es por la plata. La cuestión es que es más costoso mantener el statu quo que revisar el mecanismo de las retenciones para llegar a un acuerdo. Hoy la soja vale 15 por ciento menos que cuando el ex ministro Martín Lousteau anunció las medidas, y economistas calculan que la mayor presión fiscal, sin descontar los reintegros a los pequeños productores, aportaría al Estado apenas 530 millones de dólares de los 2.000 millones que se calcularon al inicio. Con estos precios y con las retenciones viejas, el campo aportará este año casi 10 mil millones de dólares.

No es, por lo tanto, un problema de plata, algo que la Argentina necesita con urgencia ante un invierno con subsidios mucho más caros por la estampida del petróleo y ante la hostilidad de los mercados internacionales. Pero 530 millones no resuelven esa urgencia y, en definitiva, la pérdida por el parate de la economía multiplicará varias veces esa cifra.

Lo grave es que el costo político de no ceder será, en la medida en que pase el tiempo, cada vez más alto. Y la declaración de ayer de Cristina de Kirchner avisando que es una mujer que tiene “aguante”, abona la idea de que no hubo ni habrá voluntad de ceder en el Gobierno.

Mientras, la protesta encuentra al campo mucho más organizado y menos desbordado, quizá con algunas excepciones como la escenificación en que quedó envuelta Gualeguaychú.

En el interior, los productores se dividieron por grupos y hacen cuatro turnos de seis horas, con responsables hasta para llevar el mate y la torta. Se han jurado esta vez no provocar desabastecimiento y si las decenas de piquetes de autoconvocados en el país logran esquivar la tentación de no parar a camiones con hacienda o leche, tendrán también aguante por un rato.

Campo adentro, la trilla continúa y, gracias al invento del silo bolsa, el productor puede sentarse un año entero arriba de la cosecha sin vender. Y eso es lo que terminará pasando: el grueso de los granos quedará dentro de los campos mientras el pueblo sufre el corte de la cadena de pagos y el mundo, afuera, patalea a los gritos porque necesita alimentos que, encima, paga muy bien.

¿Cuál es la salida? En los 57 días que lleva la protesta agropecuaria, entre paro, tregua y paro, quedó demostrado que el diálogo no sirvió para nada.

Tampoco se puede pensar en una protesta infinita. El enojo en el interior es tan grande que el desgaste que imagina el Gobierno quizá llegue tarde, muy tarde, cuando todo esté tan descarriado que casi nadie se acuerde de que el campo sigue de paro.

Los únicos que, en este contexto podrían mover la aguja del soliloquio en el que está el Gobierno nacional son los gobernadores, intendentes y la legión de legisladores del interior.

La presión que los dirigentes rurales han declarado que ejercerán sobre ellos podría surtir efecto si es que muchos políticos aspiran a caminar tranquilos por sus pueblos.

“Nosotros no podemos perder más de lo que llevamos perdido”, dijo un ministro provincial. Hablaba en términos de plata y también en términos políticos. Y se entusiasmaba con la posibilidad de que Juan Schiaretti logre dibujar con éxito una especie de “contrapiquete” de mandatarios.

Ya el solo hecho de que lo imaginen era impensable dos meses atrás, cuando no había un gobernador que despegara el mentón para contradecir a los K.

Mientras las partes compitan en público para ver quién aguanta más, los precios seguirán subiendo, con responsables cada vez más difusos. O no tanto.

Durante la convertibilidad, se necesitaban vender ocho toneladas de soja para comprar un metro cuadrado de un departamento tipo en Nueva Córdoba. Si te dedicabas al trigo, tenías que vender 14,8 toneladas para quedarte con un metro y si lo tuyo era el maíz, 16 toneladas, según datos de la Secretaría de Agricultura de la Nación y el Cedin.

En 2002, apenas devaluada la moneda, se requerían 3,5 toneladas de soja para comprar el mismo metro cuadrado; 7 de maíz y 4,5 de trigo.
Pero desde entonces, la inflación se comió las ventajas de la devaluación y también hizo lo suyo en los costos de la construcción. De hecho, construir en Córdoba un metro cuadrado costaba, en marzo de 2002, 399,46 pesos, según datos de la Dirección de Estadísticas de Córdoba. En marzo de 2008, el mismo metro cuesta 1.396,91 pesos, un 250% más.

¿Cuántas toneladas hacen falta hoy para comprar un m2 en Nueva Córdoba? De soja, 4,2 toneladas, 20% más que en 2002. De trigo, casi 6; de maíz, casi 8. Precios todos que tienen en cuenta las retenciones.

¿Lloran de llenos entonces? Este sería un buen argumento para quienes alientan la suba de las retenciones con su movilidad.
La cuestión está en que se ha incrementado la presión fiscal sobre un solo sector que viene haciendo aportes significativos desde 2002 a esta parte.
En su reclamo, ha desatado una crisis política y ha destruido las expectativas optimistas que tenía el país para 2008. El desánimo ha afectado hasta a los ahorristas, que de a poquito se pasan a dólares o se los llevan a su casa.
Yo estoy de acuerdo con las retenciones. Inclusive con retenciones móviles, que se muevan de acuerdo a la suba de precios internacionales para que exista algún desacople en los precios internos. Pero una alícuota del 95% "in eternum" por encima de los 600 dólares suena a demasiado.
Porque si los precios van viento en popa, prefiero que haya más chacareros ricos que una Presidenta con mucha plata. Los chacareros comprarán metros cuadrados baratos, se irán de viaje, arrasarán con todo lo que el comercio vende en los pueblos. Eso es empleo y crecimiento. De la otra forma, sabemos que la plata no vuelve.