No hay ama de casa, empresario, estudiante, trabajador o funcionario que no vea azorado la evolución de los hechos. Un país cuyo problema central a resolver, hasta marzo, era el cuello de botella del crecimiento, con un fuerte recalentamiento de precios, calcula ahora cuántos puestos de trabajo están en riesgo en los sectores de maquinarias agrícolas, frigoríficos y construcción; cuánto subirá el dólar hasta fin de año; cuánto están cayendo los depósitos; de cuánto será el cimbronazo que acusará la recaudación nacional; si la inflación real trepará a 25, 30 ó 50 por ciento anual y cuál es el margen de gobernabilidad que le queda a una presidenta que hasta ahora no ha podido, no ha querido o no la han dejado resolver el conflicto.

La locomotora del crecimiento está descarrilada y es muy difícil, a esta altura, reparar los hechos. El problema empezó siendo político y ahora es, a todas luces, también económico.

Ya no se discute una alícuota de 35, 40 ó 44 por ciento para las exportaciones de soja: la batalla es para ver quién aguanta más, quién pierde primero o quién cae antes de rodillas, como dicen que en privado le gusta decir al ex presidente Néstor Kirchner.

No es por la plata. La cuestión es que es más costoso mantener el statu quo que revisar el mecanismo de las retenciones para llegar a un acuerdo. Hoy la soja vale 15 por ciento menos que cuando el ex ministro Martín Lousteau anunció las medidas, y economistas calculan que la mayor presión fiscal, sin descontar los reintegros a los pequeños productores, aportaría al Estado apenas 530 millones de dólares de los 2.000 millones que se calcularon al inicio. Con estos precios y con las retenciones viejas, el campo aportará este año casi 10 mil millones de dólares.

No es, por lo tanto, un problema de plata, algo que la Argentina necesita con urgencia ante un invierno con subsidios mucho más caros por la estampida del petróleo y ante la hostilidad de los mercados internacionales. Pero 530 millones no resuelven esa urgencia y, en definitiva, la pérdida por el parate de la economía multiplicará varias veces esa cifra.

Lo grave es que el costo político de no ceder será, en la medida en que pase el tiempo, cada vez más alto. Y la declaración de ayer de Cristina de Kirchner avisando que es una mujer que tiene “aguante”, abona la idea de que no hubo ni habrá voluntad de ceder en el Gobierno.

Mientras, la protesta encuentra al campo mucho más organizado y menos desbordado, quizá con algunas excepciones como la escenificación en que quedó envuelta Gualeguaychú.

En el interior, los productores se dividieron por grupos y hacen cuatro turnos de seis horas, con responsables hasta para llevar el mate y la torta. Se han jurado esta vez no provocar desabastecimiento y si las decenas de piquetes de autoconvocados en el país logran esquivar la tentación de no parar a camiones con hacienda o leche, tendrán también aguante por un rato.

Campo adentro, la trilla continúa y, gracias al invento del silo bolsa, el productor puede sentarse un año entero arriba de la cosecha sin vender. Y eso es lo que terminará pasando: el grueso de los granos quedará dentro de los campos mientras el pueblo sufre el corte de la cadena de pagos y el mundo, afuera, patalea a los gritos porque necesita alimentos que, encima, paga muy bien.

¿Cuál es la salida? En los 57 días que lleva la protesta agropecuaria, entre paro, tregua y paro, quedó demostrado que el diálogo no sirvió para nada.

Tampoco se puede pensar en una protesta infinita. El enojo en el interior es tan grande que el desgaste que imagina el Gobierno quizá llegue tarde, muy tarde, cuando todo esté tan descarriado que casi nadie se acuerde de que el campo sigue de paro.

Los únicos que, en este contexto podrían mover la aguja del soliloquio en el que está el Gobierno nacional son los gobernadores, intendentes y la legión de legisladores del interior.

La presión que los dirigentes rurales han declarado que ejercerán sobre ellos podría surtir efecto si es que muchos políticos aspiran a caminar tranquilos por sus pueblos.

“Nosotros no podemos perder más de lo que llevamos perdido”, dijo un ministro provincial. Hablaba en términos de plata y también en términos políticos. Y se entusiasmaba con la posibilidad de que Juan Schiaretti logre dibujar con éxito una especie de “contrapiquete” de mandatarios.

Ya el solo hecho de que lo imaginen era impensable dos meses atrás, cuando no había un gobernador que despegara el mentón para contradecir a los K.

Mientras las partes compitan en público para ver quién aguanta más, los precios seguirán subiendo, con responsables cada vez más difusos. O no tanto.