Una cuota fija de $ 303 no alcanza para cubrir las expectativas de los sectores medios. Pero es el Gobierno quien puso esas condiciones y alimentó la ilusión. Como mínimo, corresponde la vía del diálogo.

“Me fueron a putear porque hago viviendas, no porque no las hago”, fueron las palabras exactas con las que se quejó el gobernador José Manuel de la Sota luego de que un centenar de beneficiarios del Programa Hogar Clase Media lo insultaran el miércoles por la noche, cuando estaba por inaugurar la remodelación del Teatro Real.
A primera vista, el comentario guarda su lógica. Pero lo cierto es que todavía ninguna de las seis mil viviendas que conforman el Plan Hogar Clase Media comenzó a construirse. No hay un solo ladrillo arriba de otro. Apenas se adjudicaron 920 viviendas que esperan la firma de contratos.
Recordemos: el Plan Federal de Viviendas (que ya va por su tercera edición, pese a que aún no se terminó de construir la primera) es una iniciativa del Gobierno nacional para levantar casas originariamente de 55.700 pesos. En todas las provincias se llama Plan Federal de Viviendas, pero en Córdoba el gobierno de José Manuel de la Sota decidió agregarle unos pesos (entre 10 mil y 13 mil en 2004) y rebautizarlo como Hogar Clase Media. Se lanzó en setiembre de 2005. Para ese cupo de seis mil unidades se inscribieron 45.500 cordobeses de Córdoba capital (hay otras siete mil para el interior), de los cuales 16.325 cumplieron los requisitos.
El 30 de mayo de 2006 fueron sorteadas las casas entre todos los interesados, en un acto signado por quejas y gritos de quienes no fueron beneficiados por la suerte. En ese entonces, el Gobierno provincial sostuvo que el caos sobre el sorteo estaba motorizado por el intendente de Córdoba, Luis Juez; lo mismo que sospecha ahora sobre la protesta en la puerta del Teatro Real. Es probable que Juez –más atento a buscar oportunidades como ésta que a controlar cuánta arena le ponen a la mezcla con que se tapan los baches– haya aprovechado las oportunidades para meter un poco su cuchara.
Grandes, grandes promesas
Pero la cuestión de fondo es otra. Cada mes que pasó desde que se anunciaron las viviendas, con el seductor y marketinero rótulo Hogar Clase Media, ocurrieron dos cosas: se acrecentó la expectativa de la gente y subieron los precios. Por caso, el metro cuadrado costaba 750 pesos en setiembre de 2004 y hoy está en 1.094, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
De modo que lo que sucede ahora era previsible: con una cuota de 303 pesos no se pueden hacer casas como las que aspiran a tener los sectores medios, en barrios propios de clase media.
Los terrenos en donde se anunció ahora que se construirán las viviendas, y que son cuestionados por un grupo de beneficiarios, ¿se conocían cuando esta gente se anotó? No. Allá por mayo de 2006, se mencionaban Marqués de Sobremonte, Alberdi, Villa Cornú, Cabildo y San Vicente. Ninguno de los cuestionados, como los que están al lado de Los Filtros, Las Violetas o San Roque.
Es cierto que la cuota hoy quedó barata y será una pichincha dentro de 40 años, cuando se terminen de pagar las viviendas. Pero la tasa fija y ese precio fueron las condiciones que puso el propio Gobierno, por lo que no es justo que la gente pague ahora por las internas propias del Ministerio de Obras Públicas (fueron diseñadas por el entonces ministro Oscar Santarelli, en consenso con el gobernador).
La Provincia dijo también que se construirían casas –para la gente, asociadas al patio y al asador– y hoy una buena parte son departamentos, en condominios de dos o tres pisos. Se habló también de casas de entre 80 y 100 metros cuadrados, de tres dormitorios. Hoy, 70 por ciento son casas de dos habitaciones, de 55 metros cuadrados, con dificultades para ampliarlas y con medianera compartida.
Misma moneda
Tampoco la Provincia puede hacer magia y construir viviendas en el corazón de Nueva Córdoba. La Nación elevó su aporte hasta 66.500 pesos y la Provincia lo duplicó, por encima de los 30 mil pesos. Pero eso es todo lo que hay.
Bien se podría achacar al Gobierno que primero debería haber tenido los terrenos y luego hacer la convocatoria. Hasta se evitaba la suba de hasta 60 por ciento promedio que sufrieron los lotes en Capital. Pero ya está: tampoco era fácil para Obras Públicas comprar en 60 días 270 hectáreas dentro del ejido urbano. Lo cierto es que hay cierta responsabilidad del Gobierno provincial por todos los meses que pasaron desde el anuncio hasta ahora, sea por razones propias de la burocracia o por el tiempo que demanda una operación tan compleja.
Pero la culpa no es de los beneficiarios, por lo que corresponde, como mínimo, mantener la vía del diálogo.
Si no es viable subir la cuota a los seis mil interesados, ¿no puede haber una cuota diferencial para que quienes puedan accedan a un determinado proyecto de viviendas? Si un grupo de beneficiarios venía dialogando sobre terrenos alternativos, ¿no corresponde al menos escucharlos?
Es cierto que se equivocaron feo al corearle “hijo de puta” a quien tiene el poder de abrir o no esa vía de diálogo. Pero parece también poco razonable que el representante de los cordobeses tenga una reacción tan visceral, corte la negociación y obligue a cada uno de los seis mil sorteados a que mande un telegrama diciendo si quiere o no esa casa, ya que si no la quiere, hay una cola de 10.325 personas esperando atrás.
Se espera de un gobernante que ponga mesura y sabiduría y no que pague con la misma moneda, remitiendo cualquier voz de disidencia a la mentada intencionalidad política.
Los disidentes con los lotes elegidos dicen haber armado una lista de 759 personas dispuestas a pagar una cuota un poco mayor por una ubicación diferente. Tampoco deja de ser clase media quien puede afrontar 500 pesos de cuota: es todavía menos que un alquiler promedio.
Si 40 por ciento de los cordobeses vive en una casa que no es propia, por ahí deberían haber empezado las prioridades de este Gobierno. Quizá el episodio del Hogar Clase Media marque la agenda de prioridades de quien quiera gobernar la provincia al menos por los próximos cuatro años.

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