La crisis del campo que ya lleva 98 días nació como un conflicto entre el Gobierno y el campo. Se convirtió en crisis económico, derivó luego en crisis política y ahora es también social. ¿Cómo se hace ahora para que no derive en una crisis también institucional?
Las cacerolas en la calle son entendibles: hartazgo de la soberbia, de la leche que no hay, de los cortes de rutas, de las horas de cola para comprar unos litros de nafta. Del desasosiego constante.
Pero las cacerolas no resuelven el problema. Hay tres vías para hacerlo: o lo hace el Ejecutivo (difícil, después de los discursos de Néstor y Cristina de hoy); o lo hace el Poder Judicial (un miembro de la Corte Suprema advirtió que el nivel de las nuevas retenciones serían confiscatorias, pero expedirse le llevaría al menos un año) o lo hace el Poder Legislativo, con las modificaciones que se deban hacer de modo que ninguna de las partes pueda decir “gané” o “perdí”.
El problema es que en Argentina el Congreso no sesiona. En la Cámara de Diputados de la Nación hubo cinco pedidos de sesiones extraordinarias realizadas por la oposición para derogar el decreto de las retenciones. En cinco semanas, nunca se armó la sesión porque nunca fueron suficientes los diputados como para dar quórum. De los cordobeses faltaron los justicialistas Nora Bedano, Beatriz Halak, Alberto Cantero, Arturo Miguel Heredia y Jorge Montoya, además de la kirchnerista Cecilia Merchán. Sus jefes políticos son Juan Schiaretti o José Manuel de la Sota, quienes proclaman que las retenciones tienen que bajar. ¿Por qué no van al Congreso a sesionar?
En la Cámara de Senadores la historia es igual, en el intento de tratar la ley de superpoderes que derogaría la facultad del Ejecutivo de decidir sobre los impuestos. De los tres senadores nacionales cordobeses, fue sólo el juecista Carlos Rossi. Faltaron Roberto Urquía y Haidé Giri.
El Congreso no es hoy siquiera una escribanía, como dice el pensador Marcos Aguinis. No sesiona. Ni los oficialistas se animan a hablar.
Ahora, Cristina de Kirchner acaba de anunciar que para “darle más democracia” a la resolución del 11 de marzo que dispuso las polémicas retenciones móviles, la enviará al Congreso. Es factible que ahí se puedan hacer los cambios que permitan destrabar el conflicto: convertirlas en fijas por encima del 35% o en móviles por debajo de las alícuotas actuales.
Será cuestión de que la ciudadanía tome nota de lo que hace cada uno de los legisladores en el recinto. Y que no pierda la memoria.