La ahora ex ministra de Economía, Felisa Miceli, llegó a su cargo en diciembre de 2005 como sucesora de Roberto Lavagna, una figura que había ganado peso propio en el gabinete del personalista Néstor Kirchner. Miceli prometía ser la ejecutora obediente de las decisiones económicas que tomara el Presidente. Y eso fue.
No sobresalió en lo personal por ninguna medida creativa o por algún plan que intentara pensar la problemática económica más allá del cortísimo plazo. Tampoco le dio a las provincias las respuestas de fondo que demandan, como por ejemplo, una reestructuración completa de la deuda que los distritos tienen con la Nación o la quita de una vez por todas del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el índice que actualiza por inflación el grueso de la deuda que tienen los gobernadores. Continuó haciendo lo que hicieron sus antecesores: firmó 11 convenios de asistencia financiera a las provincias por casi 5.000 millones de pesos, de los cuales 300 millones fueron suscriptos por Córdoba.
Tampoco encaró una auditoría integral del déficit previsional de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, de modo de determinar al detalle de cuánto se tiene que hacer cargo la Nación en lugar de mandar fondos a cuenta, tal como espera hacer con los 600 millones de pesos en 2007. Una auditoría que está prometida desde el año 2000, y que tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia adquiere todavía más relevancia porque calcularía la vigencia plena del 82 por ciento en los haberes de los jubilados, sin el polémico decreto 1.777 que el miércoles pasado fue declarado inconstitucional.
Al contrario de lo que marca la tradición argentina en materia de ministros de Economía, con figuras resonantes como Domingo Cavallo o Roberto Lavagna, Miceli asumió para no serlo: le dejó así el lugar limpio a Kirchner, quien es el que verdaderamente maneja los hilos de la política económica.
Su salida entonces termina siendo mucho más resonante que sus pálidos 20 meses de gestión.
Miceli no se fue porque la Justicia haya comprobado que efectivamente se alteró la medición del índice de precios que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), ni porque el impacto de la crisis energética en la industria haga prever una nueva escalada de precios y desabastecimiento de mercadería o porque todavía el 41 por ciento de los argentinos trabaje en la informalidad.
Se fue porque no pudo dar explicaciones satisfactorias sobre el origen y el destino de una bolsa de dinero que le encontraron en el baño de su despacho. Improlijo, vergonzoso si se quiere. Propio de quien se cree dueño de una impunidad que nadie puede romper.